El supuesto contempla la oposición planteada por la Tesorería General de la Seguridad Social, acreedora de la persona natural afectada por la insolvencia, en base al argumento de que el solicitante no era deudor de buena fe, puesto que  había incurrido en una negligencia al no atender las cuotas del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos entre junio de 2010 y junio de 2013, concurriendo a su parecer una de las excepciones a la exoneración de deudas contempladas en el artículo 487 del TRLC.

La sentencia del Juzgado no apreció un comportamiento temerario o negligente del deudor, y por el contrario manifestó que "la falta de cotización es habitual en situaciones de insolvencia y no supone una actuación negligente en el sentido que recoge la norma, puesto que puede presumirse que se intentó mantener la actividad aunque no se abonaran las cotizaciones señaladas, como medio para tratar de superar la situación y obtener recursos para la subsistencia personal".